Medio Natural abre expediente sancionador por una forestación no autorizada en terreno público

15.06.2016 22:00

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural,  ha abierto un expediente sancionador por la plantación en el término de El Sotillo de unos 5.800 metros, según la denuncia, de terreno público con chopos, que tendrían que arrancarse de manera “provisional”.  El particular al que se denuncia ha alegado, por su parte, que no es el propietario de la parcela que excede, según la denuncia del guarda forestal que basa el expediente, las lindes ni responsable de la forestación. El expediente sigue su curso y pasarán meses hasta que se resuelva, mientras los chopos de El Sotillo han entrado en campaña electoral. 

La portavoz municipal del PSOE, Sara Orradre, compareció en rueda de prensa, junto al secretario local socialista José Antonio Marín, para informar sobre el expediente sancionador por ocupación de espacio natural protegido y monte de utilidad pública.  Un  expediente sancionador sobre el que preguntó al Gobierno de La Rioja en su condición de diputada regional y que, según la respuesta parlamentaria, se encuentra actualmente en trámite de audiencia y alegaciones, tras la notificación de la Dirección General de Medio Natural al presunto infractor el pasado 20 de mayo.

Orradre reconoció que la infracción sería una “falta leve” y arremetió contra el equipo de Gobierno municipal por su “descuido e incompetencia” y por la falta de información en su valoración política. La portavoz socialista aseguró que el Ayuntamiento de Alfaro no ha hecho nada por “controlar y vigilar” un patrimonio de Alfaro y ha sido el Gobierno de La Rioja el que ha abierto expediente sancionador, pese a que se ha invadido terreno “de todos”. Explicó que la finca que ha superado las lindes en la forestación es propiedad de los familiares de un alto cargo del PP, la ex consejera y actual directora de la empresa estatal Acuaes, Aránzazu Vallejo, y recordó que ya hubo un precedente en el 2008-2009 por una roturación ilegal y por el pleito que sentenció que parte del terreno era propiedad municipal. Por ello, Orradre se preguntó cuál hubiese sido la actuación del Ayuntamiento si la finca no hubiese sido de familiares de un cargo del PP y qué medidas va a tomar el equipo de gobierno.

Los chopos de El Sotillo entraron, así, en campaña electoral. La alcaldesa Yolanda Preciado consideró esta coyuntura electoral como trasfondo de la actuación del PSOE.  Tanto la concejal de Agricultura, Guadalupe López, como la alcaldesa rechazaron la acusación dejación por parte del gobierno municipal porque al ser monte de utilidad pública la competencia es de Medio Natural que ya ha abierto expediente sancionador. La alcaldesa añadió, además, que se había informado a la concejal socialista en el Pleno de abril y ésta, por su parte, argumentó que la falta de contenido en la respuesta motivó su pregunta parlamentaria y añadió que la misma falta de respuesta está teniendo en relación con las obras de regadío que se están realizando en El Hormiguero sobre las que ha pedido informes de promotor y proyecto.

El expediente sancionador por la plantación de chopos sin autorización en espacio natural protegido y monte de utilidad pública se inicia a raíz de la denuncia de un guarda forestal (en rueda de prensa se respondió que el denunciante no es el funcionario, concejal de Calahorra y diputado socialista, Jesús María García, que trabaja en la zona). La denuncia se dirige contra un particular y, al parecer, éste ha dicho en sus alegaciones que no es el propietario.  Hay varios propietarios que unen sus parcelas en explotación conjunta y al que se remitió la notificación de expediente sancionador el pasado 20 de mayo no lo es de la parcela en la que se habría superado el linde en la plantación de chopos.

Y para complicar más la trama, la finca que se forma de varias parcelas y varios propietarios se encuentra cedida en alquiler o aparcería a un tercero, que es el que realizó la plantación y que posiblemente desconozca de forma oficial que se ha abierto expediente sancionador y que de manera “provisional” ha sido requerido para ponerse en contacto con el Servicio de Gestión Forestal y arrancar los árboles plantados, según la denuncia, en terreno público. Tenía un plazo de 15 días, según el expediente sancionador y la respuesta parlamentaria, para ponerse en contacto con el servicio forestal para iniciar el arranque. Si el plazo era a partir de la notificación el 20 de mayo, ya estaría pasado.

El expediente sancionador sigue su tramitación y todavía pasarán meses hasta que haya resolución definitiva. La polémica política está servida.